Hay un saldo pendiente tras el proceso de definición de la candidatura oficialista para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: el que dejan las feroces críticas que dirigieron los partidarios de Clara Brugada contra Omar García Harfuch.

No me refiero a los ataques de carácter personal (por los antecedentes represivos de su familia paterna, por su relación con la hija de un polémico empresario, por su incapacidad de plantear ideas propias o porque -según una descalificación tan reiterada como despectiva- «un policía no puede ser jefe de Gobierno»).

Me refiero, más bien, a la implicación política de las acusaciones que le colgaron a propósito de su paso por la Policía Federal Preventiva y sus presuntos nexos con Genaro García Luna; por supuestamente haber participado en la fabricación de la «verdad histórica» sobre los 43 de Ayotzinapa (una imputación explícitamente confirmada nada menos que por Alejandro Encinas); así como por su intervención en actividades de espionaje (por el caso Pegasus cuando dirigió la Agencia de Investigación Criminal de la PGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto y por la adquisición multimillonaria de tecnologías de intercepción telefónica durante su gestión como secretario de Seguridad Ciudadana en la capital).

Y es que García Harfuch no era solamente un rival de Clara Brugada: era el aspirante impulsado por Claudia Sheinbaum para sucederla al frente de la Ciudad de México; fue su secretario de Seguridad durante cuatro años y, tras perder la candidatura, en Morena le han ofrecido postularse como senador, mientras que la propia Sheinbaum lo ha invitado a incorporarse al equipo que está elaborando su «proyecto de nación», además de ser quien más claramente se perfila como el siguiente secretario de Seguridad Pública y Ciudadana si ella gana la elección presidencial del próximo año.

En pocas palabras, el mismo individuo que en la contienda interna de Morena fue fustigado por tener vínculos con un exfuncionario preso en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico y delincuencia organizada, por estar inmiscuido en el encubrimiento de un crimen emblemático de desaparición forzada y por estar involucrado en escándalos de espionaje, pasada la contienda es ahora una figura que se debate entre las privilegiadas alternativas de ser legislador, de ayudar a la candidata puntera con su programa de gobierno y, eventualmente, hasta de formar parte de su gabinete.

Algo no cuadra, por decir lo menos.

¿Qué hacemos los electores con esa información? ¿Cómo esperan los morenistas que disociemos al García Harfuch «malo» que competía contra Brugada del «bueno» que es tan cercano a Sheinbaum? ¿Debemos fingir que los señalamientos en su contra no la comprometen, no la «salpican» también a ella? ¿O es que una vez descartado como candidato a jefe de Gobierno, hay que ignorar todas esas denuncias que le endosaron no las fuerzas de la oposición, sino sus propios compañeros de partido?

Si esas acusaciones tenían fundamento, ¿por qué no se denuncian formalmente, se investigan y, según sea el caso, se sancionan o se desechan?

Y si no tenían sustento, ¿acaso alguno de sus promotores ofrecerá una aclaración, un desmentido, una disculpa? ¿Cómo pueden estar tranquilos quienes no se cansaron de incriminarlo frente a la posibilidad de que sea senador o secretario de Estado a partir de 2024?

¿No temen represalias de un personaje al que presumían tan siniestro? ¿O será que los primeros en reconocer que su palabra en realidad no tiene valor son ellos mismos?

El saldo reputacional para el obradorismo no es positivo. Si las acusaciones eran ciertas y no les dan seguimiento, se vuelven cómplices; si eran falsas y no se desdicen, su voz habrá perdido toda credibilidad.

• Carlos Bravo Regidor (Ciudad de México, 1977). Es internacionalista por El Colegio de México e historiador por la Universidad de Chicago. Actualmente se desempeña como analista político y consultor independiente.