A estas alturas, se necesita ser muy obtuso o tener muchos intereses políticos y económicos en juego dentro del régimen como para defender la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para hacer frente a la impresionante explosión de criminalidad que domina buena parte del país, sintetizada en el célebre apotegma de “abrazos, no balazos”, la síntesis de buenas intenciones (asumiendo que se tengan) que más ha enlutado a los hogares del país en muchas décadas.

Efectivamente, podemos decir con claridad que es un verdadero desastre para los intereses del Estado, que en buena teoría filosófica, existe fundamentalmente para proveer seguridad a sus miembros, es decir, a los ciudadanos.

Lo que estamos advirtiendo con creciente preocupación es la feudalización, de facto, del país: el estado central, cuyo logro más notable con la pacificación, después de las guerras de Reforma y de la intervención francesa, había sido precisamente la centralización del poder -lo que llevó a un relativamente eficaz control de las periferias que ni siquiera es desmentido por el proceso revolucionario 1910-1920, y fue la premisa indispensable de la modernización-, ha perdido el control de enormes espacios territoriales y de bienes públicos enclavados en miles de comunidades humanas a lo largo y ancho del país.

Los ganadores son esos señores feudales ante los cuales, parece que la política es de claudicación.

No deja de ser curioso que el presidente menos federalista y más controlador de la joven historia de nuestra democracia, trate de someter gobernadores y grupos políticos de los estados, pero considere un costo aceptable que las regiones se le vayan de las manos hacia las bandas criminales.

La claudicación se ilustra mejor cuando declara, por ejemplo, que si en un territorio domina solamente una agrupación criminal, los homicidios descienden, como si eso fuera medianamente aceptable para los mexicanos que deben padecer esos cacicazgos, pues no está de más recordarlo, los cárteles se han convertido allí en versiones del Estado ya no alternativas, pues no se puede elegir: donde domina el Cártel de Sinaloa, el de Jalisco o el del Golfo, es la ley de ellos y no la constitución general de la república.

La profunda perversidad del reconocimiento presidencial se refleja en la aceptación, la legitimación avanzada que logran: por ejemplo, son los proveedores de la seguridad pública, y quien se sale de sus dictados (roba o mata sin permiso), amanece colgado sobre los puentes de las carreteras como advertencia.

Ni los sueños más delirantes de Javier García Paniagua, cuando, como se ha documentado, el crimen estaba acotado y gestionado por las policías del Estado mexicano. Son las reencarnaciones feudales del celebérrimo don Javier.

También se ve en lo “positivo”. Cuando hay un desastre, como inundaciones, sequías o huracanes, la asistencia que primero llega es la que trae despensas y menaje con la leyenda de El Mencho, de El Mayo o de los Chapitos.

Son seguridad pública, asistencia social, educación, salud. Gobiernos de facto constructores, que abren caminos, que terminan edificios públicos, que controlan incendios forestales (si no están autorizados, lógicamente), que deciden proyectos de inversión, que intervienen en conflictos entre actores privados, para llevar la justicia a un despojado, a una viuda o a un menor abusado.

Con el tiempo, esa es la única versión de gobierno, de economía y de justicia que los ciudadanos de allí conocerán.

Como en la Edad Media, estarán dispuestos a entregar rentas al señor para que los proteja de los enemigos.

EN ESTA DESCRIPCIÓN, ¿NECESITAMOS DERIVAR LA COMPLICIDAD PERSONAL DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON LOS CÁRTELES? LAMENTABLEMENTE, NO HACE FALTA QUE SEA VERDAD.

El pecado por omisión es peor que la maldad activa. Los grupos criminales corresponden a la cortesía (extrema) al cuidar procesos electorales para los aliados de López Obrador, pero ¿hasta dónde es un juego de malos entendidos (sobre todo de parte del presidente) que solamente los beneficia a ellos en el corto y mediano plazo?

¿Realmente a López Obrador le hace sentido gobernar sobre una república narca? ¿O más bien estamos ante la vigencia del aforismo de Goethe de que no es preciso recurrir a la maldad para explicar la causa de los desastres humanos, si con la estupidez basta?

Dicho de otro modo: pura ideología, si es que una serie de ocurrencias tejidas con moralina, retórica populachera y buenas intenciones puede conformar algo complejo como una ideología.

Conviene repasar algunas premisas que indican que no todo lo que se plantea, o más bien, lo que se observa (no pasan de meros apuntes) está mal, pero el diagnóstico es incompleto, insuficiente y está lleno de falacias; y que la “estrategia” adolece porque en realidad, el presidente de la república apela a una especie de milagro que dimane de su sagrada moralidad personal, y no entiende lo que significa hacer políticas públicas y estrategias.

Pensar que con buena voluntad y renuncia al monopolio de la violencia legítima se rendirán esos grupos de poder que han sabido enquistarse en las economías regionales para financiar sus intereses y sus crecientes ejércitos privados, es de ilusos, pero sus efectos son no solo criminales, sino que provocarán un efecto cultural de largo plazo que puede demoler la idea de un estado nacional.

Los ejemplos de Colombia y Venezuela son claros. Puede llevar décadas a los nuevos gobiernos retomar su monopolio sobre el territorio entregado ahora al juego libre de los delincuentes, y hacer entender a los pobladores que les conviene ser parte de la vieja república.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, el presidente señala diez elementos del “cambio de paradigma en seguridad”. Que son: 1, erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; 2, garantizar empleo, educación, salud y bienestar; 3, pleno respeto a los derechos humanos; 4, regeneración ética de las instituciones y de la sociedad; 5, reformular el combate a las drogas; 6, emprender la construcción de la paz; 7, recuperación y dignificación de las cárceles; 8, articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz; 9, repensar la seguridad nacional y reorientar las Fuerzas Armadas; 10, establecer la Guardia Nacional (ver https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf).

La cita ilustra con claridad que no se pasa de un prontuario declarativo. Debemos ir más a fondo y revisar ocho de las presuntas premisas que se pueden extraer de los discursos del presidente, pues solamente así se pueden desmontar sus peligrosas falacias.

  1. La pobreza es el semillero de la criminalidad. Además de ser una inaceptable calumnia para ese más de 50 por ciento que sobrevive precariamente, es un dislate. Si fuera verdad, este país habría dejado de ser viable hace mucho tiempo. ¿Soportaría la economía la inestabilidad permanente provocada por millones de pobres-criminales? Pero hay un “algo” de verdad en señalar que cuando falta lo más necesario, el pobre puede deslizarse al mundo criminal. Afortunadamente, la inmensa mayoría de ellos no lo hacen. Los pobres pueden coexistir razonablemente con el mundo criminal porque su habilidad es sobrevivir, pero históricamente, su papel disruptivo suele ser el de aportar la carne de cañón de las revoluciones, en buena medida, porque pueden ser manipulados por el resentimiento derivado de su condición, y porque como contraparte, al movilizarse suelen abanderar legítimos deseos de justicia e igualdad, sobre todo de oportunidades.
  2. No se puede resolver con violencia el problema de la violencia. Es verdad que no toca al Estado ejercer la violencia ciega y que su ejercicio está acotado por lo que establece la constitución, sobre todo en materia de derechos humanos. Arrastramos un historial de violaciones por servidores públicos, policías y militares que no es aceptable. Pero pasar al otro extremo es absurdo (¿para qué queremos policías? Quedémonos con los bomberos) e inaceptable, porque incentiva la violencia arbitraria de los particulares. El Estado debe ejercer una violencia acotada por las leyes, y rendir cuentas por ella. Y sobre todo, debe impedir que otros la ejerzan. Nadie sustituye al Estado en esta tarea, para ser claros.
  3. La corrupción es la causa de todos nuestros males; luego, es causa de los grupos criminales. Hay un problema de enfoque que ha sido muy cuestionado, y que va más allá de si fue primero el huevo o la gallina. Pero si seguimos pensando que la corrupción es la causa, y no el efecto de nuestras carencias sociales e institucionales, nunca vamos a resolver nada. Seguirán llegando predicadores al poder, y se alimentará un discurso fascista de linchamiento a los que piensan distinto porque indefectiblemente tienen intereses perversos. ¿La criminalidad prospera en la corrupción? Por supuesto, porque encuentra las fisuras del orden institucional para ser tolerada, negociar dividendos y terminar ganando espacios, lo que efectivamente ha sucedido. La respuesta es reducir esas fisuras, que el orden institucional se imponga sobre el juego de las personas, que tengamos verdaderos servidores públicos sujetos a la ley y a la transparencia. Que los corruptos, pues, sean encerrados en la cárcel.
  4. Se debe combatir el delito con inteligencia financiera y no con fuego. Esta es una media verdad pero que sería muy útil si se aplicara efectivamente. Media verdad porque es verdad que atacar los intereses de la delincuencia tiene que ser un trabajo central de las instituciones públicas, pero eso no exime de que se deba recuperar los territorios, combatir los delitos, meter a la cárcel a los delincuentes, y que el fuego tienda a ser una presencia más bien disuasiva, que permita el regreso del Estado a las regiones. Lo otro es el tema de la trazabilidad de los negocios criminales. Hace unos días, un ex secretario federal me comentaba que el campo, el sector rural, está lleno de exenciones fiscales que permiten los negocios criminales. No solamente se trata de que haya subsidios ciegos para uso de recursos valiosos y finitos como la luz y el agua, sino de que no pagan impuestos, y en consecuencia, no hay registros de operaciones. Si los cárteles cobran rentas jugosas con productos agropecuarios, pesqueros y forestales, no dejan huella porque la Secretaría de Hacienda apenas lleva registros productivos. Un impuestos deja siempre rastro, porque su impacto se lleva en toda la cadena de comercialización. Pero nada de esto está visibilizado, la ilegalidad, la informalidad y la criminalidad se confunden…
  5. ¿Narcos que influyen en la política o políticos que se metieron al narco? No es una pregunta banal. Muchos grupos antisistema señalan que la narcoviolencia es un aspecto más de los negocios capitalistas, que por naturaleza están divorciados de la moral y solo aspiran a la ganancia. Para darles la razón, que en buena parte la tienen, digamos que es capitalismo salvaje, sin control y a veces sin sentido. Pero el capitalismo solo puede funcionar de modo aceptable si los Estados ejercen sus regulaciones, es decir, el poder económico requiere contrapesos para crecer en equilibrio. Dicho esto, hay que reconocer que sí hay políticos en el narco, que la debilidad de las instituciones propicia que servidores públicos se cambien de bando, y que la vieja política criminal -nuevamente, el personaje García Paniagua – era de controlar y gestionar al crimen, de decirle dónde no y dónde sí, y cobrar cuotas por permitir operar franquicias. Lo desolador de ahora es que el crimen ya puso contra las cuerdas al Estado y es el que controla a los políticos corruptos. No estamos por ahora con la amenaza de un Estado tiránico y criminal, sino con la más grave de la anarquía derivada del abandono de sus funciones básicas como regulador y monopolizador de la violencia legítima.
  6. ¿La legalización de las drogas resuelve los problemas? Cuando los grupos eran exclusivamente de narcotráfico, sí. Ahora se parecen más a las organizaciones tipo Mafia de Sicilia o Camorra de Nápoles: controlan economía, someten territorios y ejercen derechos sobre la vida y la muerte de los habitantes. La cosa se puso más complicada, aunque legalizar ayudaría a quitarles lo que se mantiene como su negocio más próspero: posiblemente 80 a 90 por ciento de los ingresos multimillonarios del Cártel Jalisco Nueva Generación o del Cártel de Sinaloa sean todavía las drogas.
  7. Los soldados son más honestos que los policías, hay que darles el poder de pacificar el país. La Guardia Nacional bajo el mandato de la Secretaría de la Defensa Nacional no es solamente el colmo del incumplimiento de una promesa central del lopezobradorismo, de regresar al ejército a los cuarteles, sino que parte de un diagnóstico profundamente errado del fenómeno de la delincuencia. Uno, porque los soldados no están preparados para una relación larga y conflictiva con la sociedad civil, y si se les pone en ese dilema, terminan como los principales violadores de derechos humanos. La seguridad pública, en todos los estados no fallidos, está en manos de instituciones civiles eficaces, con elementos bien preparados y con un alto poder de fuego. No le busquemos tres pies al gato. Dos, porque las condiciones en que se le ha puesto al frente del combate a los criminales conducen a la ineficacia e incluso a la pérdida de prestigio de los propios soldados, que día con día vemos expuestos a burlas de delincuentes envalentonados con la orden presidencial de no responder agresiones. Y tres, porque la militarización de la vida pública en México es cada día más grave; el presidente, por quién sabe qué motivos oscuros (piense mal y acertará) ha aumentado el papel del ejército y la marina en áreas de la vida civil de la que, uno se pregunta, si alguna vez querrán ser relevados. La tentación de poder, de “salvar al país” (tipo gobiernos golpistas de Sudamérica) es cada día más real. Es cuando uno se pregunta qué clase de historia leyó un presidente que se dice historiador: el aspecto más virtuoso del sistema no democrático que el PRI ejerció entre 1929 y 1995 fue excluir a la milicia de la política. Eso dio una enorme estabilidad al país, que López Obrador está exponiendo con su extraña complacencia a los militares.
  8. La culpa es del pasado y del neoliberalismo. Es evidente que el país que recibió López Obrador el 1 de diciembre de 2018 era un país incendiado, con alta tasa de homicidios y de delitos federales y del orden común. Pero recordemos que durante mucho tiempo insistió en que él arreglaría las cosas de un día para otro, pues todo derivaba de la erosión moral, aspiracionista e individualista que provoca el modelo neoliberal (la bestia negra de todos los males que denuncian los populistas), y que la sociedad debía revalorar la pobreza franciscana . Y no solamente no camina a lograrlo, sino que la tasa de homicidios sigue al alza y la cuenta ya rebasó los asesinatos registrados en todo el sexenio de Felipe Calderón, el omnisciente y ubicuo enemigo de la 4T. Si hablamos del pasado, efectivamente, el presidente panista fue a la guerra sin las instituciones ni los diagnósticos más adecuados, y su estrategia de eliminar cabecillas demostró que como es un negocio de altísima renta, los cárteles son una verdadera hidra de Lerna, que se dividen en células hasta el infinito, y con ellos, la violencia. Esto significa que el problema primordial a atender para extinguirlos, pasa por reforzar el Estado de derecho (combatir la pobreza ayuda, pero no es central si el ciudadano no tiene cultura de legalidad, que es un lastre histórico que arrastramos los mexicanos), pero también, por acabar el fabuloso negocio que se disputan. El camino no era claudicar y esperar un milagro de conversiones tipo los ejércitos del emperador Constantino, sino fortalecer las instituciones policíacas, detener criminales, mantener la presencia disuasiva del Estado en los territorios que controla la mafia, y ampliar los golpes a la economía de los cárteles. Las omisiones de estos tres años y medio son culpa de un presidente que prometió resolver el problema de la violencia al día siguiente de su toma de posesión.
  • Agustin del Castillo

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