El gobierno ciudadano que encabeza Jorge Salas Chávez no puede presumir de ser transparente, ni de actuar apegado a la legalidad.
A la sombra de intereses y la ilegalidad desde hace unas semanas una empresa constructora realiza acciones que están afectando a la comunidad cihuatlense.

¿Por qué el presidente Jorge Salas no informa sobre las obras de Coppel?

¿Por qué la tesorera Silvia Cervantes Gutiérrez no exhibe el cobro de impuestos?

¿Por qué el director de obras públicas José Enrique Mendoza Villaseñor no muestra el permiso de construcción?

¿Por qué el síndico Alejandro Sánchez Becerra no justifica la legalidad?

¿Por qué el director de protección civil Rafael Araiza González no ha clausurado obras?

Ante esta serie de dudas, surge la pregunta: ¿Quién gobierna realmente en el Ayuntamiento de Cihuatlán?

Desde los primeros días de este trienio, la vox populi señala que detrás de la silla presidencial hay un personaje incomodo que titiritera los asuntos importantes de la administración pública municipal, sobre todo aquellos que tienen relación con la obra pública y la hacienda (tesorería).

El hermano del presidente, el empresario Luis Salas Chávez, el mismo que salió muy beneficiado en los dos trienios del ex alcalde Fernando Martínez Guerrero, es señalado por su influencia en el gobierno local, al grado que varios ex empleados figuran en la nómina “emecista”, en puestos claves del “gobierno naranja”.

Es del dominio público que LUJO, una de las empresas “fachadas” de Luis Salas Chávez es señalada por participar en la construcción de obras públicas y otras.

En la obra que se realiza para evitar inundaciones en la sucursal de Coppel hay intereses especiales, es evidente.

Desde el trienio anterior el actual oficial mayor Ismael González Piña promovía la conexión del exceso de agua de la tienda a la red pública. Nunca se lo aprobaron y ya se escuchaba el nombre del constructor Luis Salas Chávez.

Llegaron Jorge Salas y su hermano Luis a la presidencia municipal y en menos de un año, sin transparencia y en aparente ilegalidad, la costosa obra está siendo realizada por una misteriosa empresa.

Mientras el presidente municipal y la empresa constructora se tardan en aclarar ante la opinión pública, ante el silencio de funcionarios cómplices y regidores de todos los partidos políticos, el caso de Coppel está exhibiendo a todo el gobierno naranja, del Partido Movimiento Ciudadano.

Está claro que el caso no es político, es sencillamente cuestión de no robar y no mentir.

¿A quién encubren el presidente Jorge Salas y sus regidores de las comisiones edilicias involucradas?

¿Por qué no hay información oficial sobre esta obra?

¿De cuánto dinero estamos hablando?

El retraso y el abuso de poder en esta obra ofenden a la sociedad, aunque les cause risa a los gobernantes emecistas que se burlan del pueblo.

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