Usar portaplacas en vehículos ya no podrá ser motivo de sanción, pues el Congreso de Jalisco aprobó una reforma con la que se precisa que autos sólo puedan ser infraccionados y enviados al corralón cuando el número de matrícula no sea visible completamente.

El Artículo 169 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado establece que se podrán aplicar sanciones y el retiro de la circulación de un vehículo cuando transite con placas ocultas total o parcialmente por cualquier medio, incluyendo aditamentos de cualquier material, micas o etiquetas, o calcomanías que obstruyan o distorsionen su vista.

Esa disposición causó que el 4 de noviembre de 2021 la Policía Vial aceptara que sancionaría a los vehículos con portaplacas, medida que después se suspendió por orden del Gobernador Enrique Alfaro.

Ante ello, el Congreso avaló este jueves una reforma con la que se precisa en la Ley de Movilidad que procederán sanciones cuando los caracteres de la matrícula no sean visibles en su totalidad, acabando así con las posibles consecuencias legales por usar portaplacas.

«Queremos que quede muy claro el hecho de que los portaplacas que comúnmente te ponen las agencias automotrices, no son motivo de infracción mientras no tapen los números de identificación de las placas», dijo el diputado emecista impulsor de la reforma, Fernando Martínez Guerrero.

«Si son micas que tapen toda la placa, eso quedaría exactamente igual, es un motivo de infracción», agregó.

Refirió que el ajuste a la legislación obedece a la interpretación que se llegó a hacer sobre lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley de Movilidad, pues agentes viales podían asumir el criterio de sancionar por usar portaplacas.

«En algún momento hubo una mala interpretación, o más bien quedaba ambigua en ese sentido y podía interpretarse de esa forma por los agentes viales; hoy lo que queremos es que no exista interpretación, sino que sea muy clara (la ley) para que todos tomen el mismo criterio», apuntó el diputado local del Distrito 18.

La reforma a la Ley de Movilidad aprobada por el Congreso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, y se concede plazo de 30 días naturales al Poder Ejecutivo para que realice las modificaciones reglamentarias necesarias.

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