Roberto Palazuelos, precandidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) a la Gubernatura de Quintana Roo, sabrá mañana si su experiencia en el ámbito de la farándula le alcanza o no para ser postulado oficialmente por ese partido para las elecciones del próximo 5 de junio.

Este miércoles 16, la Asamblea Electoral Nacional de MC, que preside el coordinador nacional y senador Dante Delgado, evaluará el dictamen de la Comisión de Elecciones sobre el perfil del ahora precandidato.

El actor de 55 años, empresario, modelo, abogado y presentador de televisión se registró como precandidato en la sede nacional de partido el 21 de enero.

Dos días después de su registro, Palazuelos inició formalmente la precampaña del partido en el Estado y desde entonces ha estado en el centro de la polémica por su participación en la muerte de dos presuntos delincuentes el 5 de octubre de 2002 en la entonces Delegación Miguel Hidalgo.

Al respecto, el actor reconoció haber activado un arma para la que tenía permiso de portación.

Además, enfrenta acusaciones sobre sus propiedades, el manejo de sus hoteles en el Estado y dificultades laborales con sus empleados.

En la última semana, antes de finalizar las precampañas el 10 de febrero, Palazuelos se enfrentó a críticas al interior de MC que consideran que su postulación no es acorde ni con el perfil, los principios y el programa que construye y defiende ese partido.

La senadora Patricia Mercado, la ex diputada federal Martha Tagle y la militante y actual funcionaria de Monterrey Laura Ballesteros hicieron público su rechazo en sus redes sociales el lunes 7 de febrero.

«Tengo mucha grilla en el partido», reconoció un día después en una conferencia en Chetumal.

Pero de manera paralela fue convocado a la Ciudad de México por el coordinador nacional de MC que, según trascendió, le habría reclamado declaraciones escandalosas y él las habría justificado diciendo que ese tono le daba muchos «likes » en las redes sociales.

En entrevista con REFORMA y a la pregunta de qué le diría a las militantes de MC que se oponen, el empresario respondió: «a todos los senadores que me apoyan como Noé Castañón, como Juan Zepeda, como el Gobernador Enrique Alfaro, como todas las voces que me apoyan dentro de Movimiento Ciudadano, les doy las gracias como a muchos diputados y muchos militantes».

Y a pregunta expresa, reconoció: «No, no me siento seguro».

Por segundos, el actor conocido como «El Diamante Negro» pareció dejar la seguridad con la que inició su ofensiva política pública a mediados de diciembre, cuando dijo que quería gobernar Quintana Roo, que se sentía con todas las cualidades y fortalezas para el cargo, además, dijo, de ser ecologista.

Intentó la postulación por el PRD, en la coalición Va por Quintana Roo con el PAN, pero no lo logró.

A mediados de enero, Palazuelos se reunió con Mario Villanueva, ex Gobernador de Quintana Roo (1993-1999) que cumple prisión domiciliaria en un domicilio en Chetumal.

Antes, el actor había amenazado con demandar por difamación a la periodista Lydia Cacho, quien lo acusó de pertenecer a una red de corrupción para el despojo de propiedades en Tulum.

Con todos esos elementos, la postulación de «El Diamante negro» parecía estar en suspenso.

Medidas cautelares

Un elemento adicional fue que tres días antes de concluir las precampañas -el 7 de febrero-, el Instituto Electoral de Quintana Roo ordenó a Palazuelos medidas cautelares para que en un plazo de 24 horas eliminara espectaculares y mensajes en distintos medios digitales y redes sociales promoviendo su imagen, por ser considerados, en principio, como propaganda electoral y posibles actos anticipados de campaña.

La denuncia la presentó como «ciudadano» Enrique Ruiz Dzul, quien el 25 de enero se registró como precandidato de la alianza PAN-PRD junto con Laura Fernández, quien previamente renunció al PVEM.

Las campañas electorales en todo el Estado, cuando ya se puede hacer propaganda abierta por el voto ciudadano, inician hasta el 3 de abril .

La autoridad local deberá resolver también sobre estas acusaciones de actos anticipados de campaña y fiscalizar sus reportes oficiales de ingresos y gastos.

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