Ha pasado una década desde que el conflicto de límites entre Colima y Jalisco por los límites territoriales de Manzanillo y Cihuatlán, en la zona de Colimilla-Zona Urbana El Rebalse, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los gobernadores pactaron un acuerdo “pacífico” por instrucciones del Senado de la República.

Desde entonces existe un acuerdo en el que Jalisco proporciona agua a la comunidad de Colimilla y el desarrollo turístico Isla Navidad; Colima, por su parte puso freno a la intromisión de autoridades manzanillenses en la zona urbana El Rebalse, donde pretendia cobrar impuestos.

Desde el siglo pasado existe ese conflicto limítrofe entre ambas entidades federativas, que también pelean terrenos en la zona de Peña Colorada, en la cuenca del Rio Marabasco que bordea el municipio de Cuautitlán de García Barragán.

Fue el alcalde panista Tte. Martín Ortiz Quintero quien junto con la comunidad rebalseña liderada por Álvaro de la Cruz Quiles comenzaron la defensa del territorio cihuatlense, tras la invasión de autoridades municipales de Manzanillo en lo que era una desolada franja de Playa del Coco, donde apenas se construían los primeros desarrollos inmobiliarios promovidos por Luis Salas Chávez y extranjeros dueños de Música del Mar y Playa Grande.

Pasaron los años y al presidente municipal Enrique González Gómez le tocó reactivar con movilizaciones de ejidatarios y policías municipales-estatales la defensa de la citada zona urbana donde era apremiante garantizar el servicio de agua potable a los inversionistas extranjeros y comuneros.

El último presidente priísta de Cihuatlán se enfrentó al gobernador colimense Silverio Cavazos. La historia sobre el destino de estos personajes ya se conoce y no tiene relación con el conflicto de límites: ¡Murieron asesinados!

Antes, el 17 de abril de 2008, “El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Senado de la República es el órgano competente, constitucionalmente, para resolver el conflicto de límites territoriales entre los municipios de Manzanillo, Colima y Cihuatlán, Jalisco, por lo que sobreseyó la controversia constitucional promovida por éste último.

Los ministros precisaron que derivado de la reforma a los artículos 46 y 73, fracción IV de la Constitución Federal, el Alto Tribunal no puede conocer, a través de una controversia constitucional, un conflicto de límites territoriales, sino que será la Cámara de Senadores la que emita una resolución definitiva al respecto.

Por tal razón, las entidades federativas en conflicto podrán demostrar, con las pruebas que estimen pertinentes, que ejercen actos de soberanía sobre la zona controvertida, pero no podrán invocar una base jurídica que sustente sus límites, en virtud de que ésta no existe.

El pleno de la SCJN sostuvo que los actos impugnados por el municipio de Cihuatlán no pueden ser materia de esta controversia constitucional, en virtud de que dicha localidad plantea un problema de límites con el de Manzanillo.

Sin embrago, se precisó, son los estados de Jalisco y Colima los que están facultados para hacer valer tal problemática, ya sea por solicitud de aprobación de convenio, o bien, acudir al Senado de la República para que éste resuelva en definitiva.

Así lo determinaron los ministros al resolver una controversia constitucional promovida por el municipio de Cihuatlán, en contra del Poder Ejecutivo y del municipio de Manzanillo, ambos del estado de Jalisco, en virtud de las ordenes y actos de gobierno, respecto a los terrenos que conforman la dotación y ampliación del Ejido “El Rebalse”, en el municipio de Cihuatlán, así como la intromisión, por parte de las demandadas, en sus terrenos”.

Actualmente, los gobernadores de Colima y Jalisco, Indira Vizcaíno Silva y Enrique Alfaro Ramírez no demuestran interés en pelear por límites territoriales en la zona de Manzanillo-Cihuatlán. Y hay razones para señalarlo.

Indira Gobernadora, de MORENA, enfrenta una grave crisis de inseguridad pública en Colima. Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, está llegando al final de su sexenio, con un desgaste que lo ubica entre los peores gobernadores calificados por la opinión pública.

Más de alguno de sus asesores ya le habrá mencionado a la joven gobernadora que el simple hecho de movilizar policías estatales y municipales a la Playa del Coco es un error cuando el pueblo de Colima está pidiendo que mejore las condiciones de seguridad.

Enrique Alfaro no tiene un pelo de tonto. Sabe perfectamente que reactivar el conflicto en Cihuatlán por límites territoriales no le va abonar políticamente, cuando los cihuatlenses siguen esperando que el hospital comunitario garantice mejores servicios de salud con atención médica permanente y medicinas.

Así las cosas, para empezar.

Foto de archivo Pedro Silva / CANAL235

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