Pese a que el Registro Nacional de Detenciones (RND) fue creado para evitar abusos policiales, las prácticas en el Estado de Jalisco se siguen dando.

Este año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió dos recomendaciones sobre arbitrariedades que involucran a oficiales tapatíos, aunque se registraron en la Administración anterior.

Pero el organismo ha admitido múltiples quejas y emitido más recomendaciones similares desde que entró en vigor la obligación de registrar las detenciones.

En julio de 2020, por ejemplo, según la Recomendación 4/2022, un hombre que intervino en un intento de robo y ahuyentó al ladrón, fue confundido, golpeado, alejado del sitio, interrogado y entregado a la Fiscalía tardíamente bajo el argumento de que era narcomenudista.

La víctima acudió a la CEDHJ, que después probó que los uniformados violaron sus derechos a la legalidad y seguridad jurídica, a la libertad, y a la integridad y seguridad personal.

En diciembre pasado, el organismo recibió 51 quejas relacionadas con supuestas violaciones como esas y otras relacionadas con detenciones arbitrarias y lesiones.

La implementación del RND se dio gradualmente: para las detenciones del fuero federal el plazo máximo fue diciembre de 2019; para las del fuero común, el 1 de abril de 2020; y para las de faltas administrativas, el 1 de abril de 2021.

Entre las violaciones más sonadas que se dieron -a pesar de que ya había entrado en vigor alguno de estos supuestos- están aquellas que policías de Ixtlahuacán de los Membrillos cometieron el 4 de mayo de 2020 y que derivaron en la muerte de Giovanni López o las que perpetraron miembros de la Fiscalía del Estado el 5 de junio de ese año contra manifestantes, a propósito del caso de Giovanni.

Luego, el 26 de agosto, policías de Casimiro Castillo habrían golpeado letalmente a Adolfo Sebastián tras capturarlo por un supuesto robo, sin reportar nada al RND.

Anna Karolina Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, ha cuestionado la falta de una Fiscalía especializada en el combate a la tortura pese a que hay una Ley que lo mandata, sobre todo porque Jalisco ocupa los primeros lugares con ese problema en el País.

¿Qué dice la Ley?

Ley Nacional del Registro de Detenciones
Artículo 4. El Registro Nacional de Detenciones tiene por objetivo prevenir la violación de los derechos humanos de la persona detenida, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o la desaparición forzada.

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