Se encuentra en trámite la destitución del Presidente Municipal de Puerto Vallarta, en su carácter de superior jerárquico, el juez municipal y el Director de Obras Públicas todos de ese municipio, por negarse a cumplir una sentencia de amparo.

En sesión celebrada el pasado 4 de mayo del presente año por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito Integrado por los Magistrados Moisés Muñoz Padilla, Claudia Mavel Curiel López Y Leonel Medina Rubio se analizó el Incidente de Inejecución 18/2021 derivada del juicio de Amparo Indirecto 3736/2018 del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco y ante el actuar “contumaz”, se acordó enviar el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto toda vez que a juicio del Tribunal Colegiado se actualizo en definitiva el incumplimiento de la sentencia de amparo.

En este caso los actos que se reclaman y que dieron origen al juicio de amparo fueron la ilegal demolición de unas bardas por parte de obras públicas, así como diferentes multas sancionadas por el Juez Municipal.

Por ello, el Juez de Distrito determinó la ilegalidad de dichos actos, ordenando la reconstrucción de las bardas en cuestión, así como decretando la nulidad de las actas de verificación e inspección, en ese sentido de mero trámite resultaría su cumplimiento.

Sin embargo, las autoridades señaladas como responsables decidieron no acatar la sentencia dictada por el Juez, pese a múltiples requerimientos, en el caso en concreto se realizaron más de 16 dieciséis requerimientos con multa a las citadas autoridades, por estos motivos se promovió en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo el incidente de inejecución, mismo que resolvió procedente el Tribunal Colegiado, turnando el expediente como marca la Ley de Amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de proceda decretar la destitución, separación del cargo y consignación ante el juez federal penal por el delito de incumplimiento de Sentencias de Amparo, de los funcionarios públicos y su superior jerárquico, en este caso el Presidente del Municipio Luis Alberto Michel Rodríguez, toda vez que en él recae la decisión de acatar o no la orden del Juez de Distrito, si sus inferiores jerárquicos no quisieran dar cumplimiento a lo ordenado, este contaba en todo caso, con la facultad de removerlos del cargo.

Raras veces sucede esto, toda vez que como lo establece la Ley y la Constitución deben de acatarse las sentencias dictadas por los Juzgados competentes y más las emitidas por los Tribunales Federales como resultado de Juicios de Amparo, máxime cuando tienen su incumplimiento contemplado un delito específico.

Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe confirmar lo resuelto por este Tribual Colegiado, para demostrarle a la ciudadanía y al resto de funcionarios de los tres niveles de gobierno que con las sentencias de Amparo no se juega, y que no tendrán estos “contumaces” funcionarios vallartenses trato especial por ser de Morena.

O acaso también estos funcionarios menores opinan como López: “No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”

Héctor Romero Fierro

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