#Análisis del Mtro. Alfonso Partida Caballero investigador del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara.

Hace algunos años que la inseguridad en Jalisco ha asumido un insólito papel central, convirtiéndose en protagonista de una crisis institucional y política, acompañada de un lamentable populismo penal de la clase gobernante la cual ha creado un desorden legislativo y estrategias equivocadas de procuración de justicia y policial, sobre todo de acciones reactivas que agravan aún más la falta de eficacia.

Además, el Poder Ejecutivo ha sometido y corrompido a la institución encargada de impartir justicia, que no responde al mandato constitucional de ser coherente y estar articulada a una política criminal que responda a los requerimientos ciudadanos para vivir en paz, en un orden público que respete los derechos civiles.

Al gobernador Enrique Alfaro, sus asesores en materia de seguridad pública lo han encerrado en una burbuja del Siglo XIX, pues con la aplicación de los llamados “Módulos de Seguridad”, recurre a una estrategia que responde más al sistema penal rebasado hace mucho, en el que priorizan acciones inquisitivas ilegales, violatorias de los derechos humanos y en contrasentido al sistema penal vigente, acusatorio adversarial, ya que dichos módulos no intervienen en actos de flagrancia y menos aún realizan actos de investigación, sino de molestia que no sirven para nada y que solo se utilizan demagógicamente para presumir la aplicación de acciones y justificación política.

Esas “volantas” en las que participan elementos policiacos de los tres niveles de gobierno y que han sido movilizadas durante todas las administraciones estatales, son reflejo de la desesperación gubernamental, por la ineptitud y falta de planeación, capacidad y competencia, para implementar políticas públicas coherentes y efectivas que permitan inhibir y reducir los altos índices delictivos que sufre nuestro estado.

Los efectos negativos que provocan estos patrullajes itinerantes, en los cuales el personal operativo no fue respaldado ni siquiera por un elemental protocolo de actuación, van desde la violación de los derechos al libre tránsito; a la molestia en los bienes y en las personas; en la presunción de inocencia y; en la revisión o detención sin orden emitida por un juez, garantías todas ellas contempladas en los Artículos 11, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En detrimento de los elementos policíacos, lo más grave es que se les obligue a proceder sin justificación legal, ni siquiera con el auxilio de un Agente del Ministerio Público, prolongando así los vicios de investigación del anterior sistema penal y acentuando la impunidad, pues todas las actuaciones serán calificadas de ilegales por los jueces.

Desde la reforma penal de 2008 han pasado 14 años y por la omisión gubernamental, aún existe un marcado rezago en la capacitación de los cuerpos de policía y fiscalías que siguen sin actualizarse, lastrando la persecución de los delitos y la impartición de justicia, donde solamente se registra castigo para el 0.3% de los procesados y donde solo se denuncia cerca del 6% de los delitos, lo cual representa un lamentable error y ataque al Estado de Derecho.

Ahí se suma la infiltración de la delincuencia organizada en la Fiscalía y en los cuerpos policíacos en contubernio, situación aceptada en voz del gobernador Enrique Alfaro, por lo cual no extrañaría que hasta en los “módulos” participen emisarios de estas organizaciones, para controlar dichas acciones que les permitan realizar con más seguridad sus acciones delictivas.

El objetivo de un Estado moderno garantista es tutelar las libertades y garantías de los jaliscienses ante el poder, nace de la necesidad de las y los ciudadanos de erradicar la violencia arbitraria de las autoridades y evitar las violaciones a los derechos humanos.

Esta concepción moderna remite al cómo debería ser un gobierno que aplique un derecho penal mínimo, pero inteligente y efectivo, que se aleje de la reacción que lleva a cometer errores lamentables como estas inútiles “Volantas”.

Aunado a lo anterior, los índices delictivos en Jalisco agravian a la sociedad, pues somos de los peores ejemplos en el país, con primer lugar en desapariciones, en fosas clandestinas y en robo de vehículos, en tanto que en homicidios tenemos el nada honroso cuarto lugar.

En 2018 y ya como gobernador electo Enrique Alfaro, se comprometió a resolver el problema de inseguridad, con un planteamiento integral y respetuoso de las garantías individuales.

Nunca cumplió y los resultados están a la vista, por el contrario, con los “módulos de seguridad” abre la puerta a los miembros de la delincuencia organizada y a todos los defensores que van a combatir fácilmente las acusaciones al ser nulas de pleno derecho.

Lo importante es replantear y realizar una estrategía integral que incluya mecanismos, operativos de inteligencia y uso de la fuerza basada en evidencias de funcionamiento y actuación, para que no sucedan acciones como en el homicidio de Giovanni en Ixtlahuacán de los Membrillos y con la desaparición forzada de estudiantes que protestaban por ese crimen y que luego nadie se hace responsable de esos excesos, abusos, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza donde el gobernador esconde la cabeza y ordena castigar a los elementos que lo único que hacen es cumplir sus ordenes.

Maestro Alfonso Partida Caballero
Integrante del Observatorio Sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara.

E-mail: alfonsopartid@gmail.com

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